PASO: la encuesta que pagamos todos

Es decir: las internas las organizan ellos, pero las financiamos los ciudadanos…

El argumento formal suele ser noble: más participación, más democracia interna, más transparencia. Pero en la práctica, muchas veces las PASO terminan funcionando como una gigantesca encuesta oficial, obligatoria y financiada con recursos públicos. Una encuesta con una diferencia sustancial: no mide tendencias aproximadas, sino votos reales.

Y cuando el poder conoce con precisión cuántos votos tiene cada candidato, cada espacio, cada sector y cada territorio, esa información deja de ser inocente. Se transforma en una herramienta de negociación antes de la elección general. Sirve para saber quién tracciona, quién resta, quién puede ser disciplinado, quién debe ser contenido, quién debe ser bajado y quién puede ser utilizado como moneda de cambio.

Divide y reinarás.

En tiempos de crisis de identidad política, de liderazgos débiles y de partidos vaciados de doctrina, la multiplicidad de candidatos no siempre expresa pluralidad democrática. A veces expresa cálculo.

Un mismo oficialismo puede beneficiarse enormemente de presentar, promover o tolerar distintos perfiles electorales capaces de seducir segmentos diferentes de la población. Hoy, con datos demográficos actualizados, padrones electorales, análisis territorial, redes sociales, medios de comunicación y herramientas tecnológicas de medición de opinión pública, es posible diseñar con bastante precisión los perfiles más atractivos para cada franja del electorado.

Mendoza, por ejemplo, tiene más de dos millones de habitantes según el Censo 2022. Ese volumen social, cruzado con edad, territorio, comportamiento electoral y consumo mediático, permite pensar campañas cada vez más quirúrgicamente. Ya no se trata solamente de convencer a “la gente” en abstracto. Se trata de identificar segmentos, construir mensajes a medida y ofrecerle a cada grupo el candidato que mejor encaje con sus expectativas, sus miedos o sus frustraciones.

En ese contexto, las PASO pueden convertirse en algo más que una primaria. Pueden transformarse en un laboratorio electoral. Un ensayo general donde el poder prueba candidatos, mide daños, corrige discursos y decide cuál será el caballo ganador para la elección definitiva.

El problema es que quienes están fuera del aparato oficialista suelen llegar a esa competencia con menos recursos, menos estructura, menos exposición y menos capacidad de instalar candidatos. Mientras tanto, el oficialismo puede desplegar un abanico de nombres, estilos y pertenencias, cubriendo distintos segmentos del electorado bajo una misma estrategia de conservación del poder.

La Cámara de Diputados de Mendoza sancionó en junio de 2025 la suspensión de las PASO para los años 2025 y 2026. Sin embargo, el debate vuelve a abrirse de cara a 2027: el propio gobierno provincial ratificó que en Mendoza habría primarias en las próximas elecciones.
Ahí aparece la pregunta de fondo: ¿por qué suspenderlas cuando no convienen y sostenerlas cuando pueden resultar útiles?

A esto se suma el nuevo mapa político nacional y provincial. La alianza entre el oficialismo mendocino y sectores libertarios, con Luis Petri como figura central de ese acuerdo, abre una pregunta incómoda: ¿las PASO serán una herramienta de democratización o el mecanismo perfecto para ordenar la sucesión del poder?

Porque si el oficialismo utiliza una primaria para medir candidatos, ordenar ambiciones internas y luego construir una fórmula de consenso entre el poder provincial y el poder nacional, las PASO dejan de ser solamente una instancia de participación ciudadana. Pasan a funcionar como una herramienta de administración política.

No se trataría únicamente de elegir candidatos. Se trataría de conservar el control.

La discusión nacional también va en esa dirección. El gobierno de Javier Milei impulsó en 2026 una reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO a nivel nacional, con el argumento de reducir costos y evitar que la ciudadanía financie internas partidarias. Más allá de las intenciones del oficialismo nacional, el argumento toca una fibra sensible: ¿por qué el ciudadano común debe pagar la falta de orden interno de los partidos?

La gran pregunta, entonces, no es si las PASO son buenas o malas en abstracto. La pregunta es otra: ¿en Mendoza sirven para abrir el poder o para administrarlo mejor?

Porque una primaria puede ser una herramienta democrática cuando hay competencia real, reglas claras y partidos vivos. Pero también puede convertirse en una maquinaria de simulación: una elección que aparenta participación, mientras en realidad funciona como una encuesta de lujo, pagada por todos, al servicio de quienes ya tienen el poder.

En una democracia sana, las elecciones deberían servir para que la ciudadanía controle al poder. No para que el poder estudie, clasifique y administre a la ciudadanía.

Y cuando la democracia se reduce a medir caballos antes de la carrera, el ciudadano deja de ser protagonista y pasa a ser apenas un dato más en la estrategia del poder.